Sin marcha atrás a medidas extraordinarias
Funcionarios argumentan que las restricciones han contribuido a la reducción de homicidios. Relatora de ONU recomendó suspender las medidas por trato deshumanizante a reos.
La lista de funcionarios que están en contra de la suspensión de las medidas extraordinarias en los centros penales se extiende cada día. Esta mañana en una entrevista televisiva el representante del Consejo Nacional de Seguridad, Mauricio Gutiérrez, señaló que la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Agnès Callamard, «le faltó el respeto al pueblo salvadoreño» con su petición de cancelar las restricciones.
«Fue muy irresponsable con su declaratoria”, reiteró Gutiérrez.
#RepúblicaSv “La relatora de las Naciones Unidas le faltó el respeto al pueblo salvadoreño, fue muy irresponsable con su declaratoria” Mauricio Gutiérrez, Representante del Consejo Nacional de Seguridad
— RepublicaSV (@RepublicaSV33) February 9, 2018
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Landaverde, aseguró que no van a derogar las medidas. Sin embargo, está dispuestos a cambiar algunas de ellas. “Las visitas familiares deberán restablecerse, el contacto con la familia es fundamental en el proceso de tratamiento con personas en rehabilitación, actualmente están prohibidas en 6 centros penitenciales”, comentó Landaverde.
#RepúblicaSv “Las visitas familiares deberán restablecerse, el contacto con la familia es fundamental en el proceso de tratamiento con personas en rehabilitación, actualmente están prohibidas en 6 centros penitenciales” Mauricio Ramírez Landaverde, Ministro de Seguridad
— RepublicaSV (@RepublicaSV33) February 9, 2018
El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, también se negó a dar marcha atrás, ya que considera a los pandilleros como terroristas.
Los funcionarios argumentaron que estas medidas han contribuido a disminuir los homicidios. Sin embargo, la relatora de la ONU señaló que la aplicación (medidas) solo provoca la violencia y que el trato en los centros penales es deshumanizante. Asimismo, en su informe identificó un patrón de comportamiento de los agentes de seguridad, el cual considera ilegal.
La vigencia de las medidas llega hasta en abril de 2018. Seguridad ha pedido prórroga para 2019, pero todavía no llegan a un acuerdo.
